martes, 11 de noviembre de 2014

PRESENTACION


El Estado Venezolano, esa idea-realidad integrada por tres fundamen­tales elementos: territorio, población y gobierno, está constituido por un conjunto de manifestaciones humanas, culturales, productivas, ecológicas, históricas y económico-patrimoniales.
Esa realidad, a su vez, sustrato y plataforma de una nación política que se aproxima a los dos siglos de ejercicio republicano, y que se nutre y puede perpetuarse en la misma medida y proporción en que haga fe de su orgullo, convicción, trabajo y defensa de sus raíces, sus valores y su patri­monio territorial y material.
En ese último aspecto hay que reconocer el copioso y deplorable tema del latrocinio y saqueo de las rentas y recursos de la nación. Los más re­cientes capítulos bancarios revelan una fantasía astronómica que avergüenza en términos que jamás llegamos a imaginar.
El omnipotente estado, administrador y dispensador de la fabulosa ri­queza, succionada durante medio siglo de dependencia petrolera, se nos aparece debilitado, vulnerable, incapaz de honrar oportunamente las exi­gencias de una población que no entiende sus calamidades y se impacienta peligrosamente.
Ante el adverso panorama cabe preguntarse: ¿Quién y cómo defiende los derechos del Estado?
La defensa de los derechos patrimoniales, territoriales y materiales del Estado, en el campo jurídico-judicial, corresponde a la función procurado­ra. Esta competencia se desarrolla en tres niveles: nacional, estadal y muni­cipal.
A nivel nacional, la Procuraduría General de la República, uno de los órganos de rango constitucional, tiene la misión de representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República y dictaminar y asesorar en los casos que corresponda, a la administración pública nacional.
A escala de los estados, creados a distancia histórica del órgano nacio­nal, actúan con sede en la capital de cada uno, las Procuradurías Generales. Constituyen ramas de los poderes públicos regionales, tienen cabida en las leyes fundamentales que regulan el funcionamiento de los mismos -mejor conocidas por Constituciones de los Estados- y deben desarrollar y atender competencias similares a las atribuidas a la Procuraduría Nacional, en el sentido de asesorar, representar y defender el patrimonio y los intereses jurídicos de cada entidad federal.
A escala menor, cada uno de los casi 300 gobiernos locales -entiéndase municipios- están dotados de un organo similar de representación legal y  defensa del patrimonio y fisIco municipal, se trata de la figura conocida como Síndico Procurador Municipal.
Por encargo nuestro, con el objeto de acrecentar la importancia, definir aún más su identidad y proyectar la imagen institucional de la Procuraduría General del Estado Bolívar, el cronista de Ciudad Bolívar, Lic. Américo Fernández, nos hace entrega de un aporte de sencillo formato pero de sig­nificativo contenido: "Breve Historia de la Procuraduría General del Esta­do Bolívar-. Este es el resultado de una investigación bibliohemerográfica que nos ha permitido señalar la génesis de esta instancia del ejercicio pú­blico regional, en una fecha, que de ahora en adelante, deberá ser recorda­da cada 5 de abril.
Nacido con el siglo, despertando en medio de una Venezuela rural, cuan­do el mapa aún reflejaba la dispersión de pugnas caudillescas que agitaban banderías en cada rumbo territorial, corriendo I902, aparece por vez pri­mera el rótulo de Procurador General del Estado Bolívar. Fue bajo desig­nios de la Revolución Restauradora, liderizada por Cipriano Castro, que el general Julio Sarria Hurtado, presidente del Estado Bolívar, dicta un decre­to mediante el cual instituye el cargo y procede a la inmediata designación del doctor en Ciencias Políticas José Miguel Torrealba García.
Miríadas de toneladas del líquido transparente han corrido por el cauce del padre Orinoco. El atrevimiento dilapidador, gracias a la riqueza petro­lera ha transformado el rostro de nuestros paisajes urbanos. Flan transcurri­do 93 años desde aquel propósito, pero, tristemente, constatamos que la función procuradural nacional y regional la más de las veces ha permaneci­do inerte, insuficiente, inoperante, incapaz de impedir el saqueo inmereci­do que debilita nuestra madre común, nuestro patrimonio colectivo.


Andrés Hermoso GonzálezProcurador General del Estado Bolívar

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